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Ley número 23, que autoriza al ejecutivo del estado para crear juntas de instrucción pública.
En 1884, las instituciones escolares no estaban establecidas como lo están hoy en día. En aquel entonces, el cargo de prefecto era conocido como inspector principal, mientras que los gobernadores y presidentes municipales actuaban como subinspectores, responsables de supervisar el desarrollo adecuado de las escuelas. Sin embargo, debido a la falta de resultados satisfactorios y la incapacidad para dedicar atención exclusiva al ramo de la instrucción pública, el poder ejecutivo solicitó al legislativo la facultad para crear juntas encargadas de fomentar este ámbito en la capital del Estado. Esta medida buscaba aprovechar la colaboración de esfuerzos individuales en cada localidad, inspirando a los habitantes a participar en una empresa tan meritoria cuyo interés beneficia a todos. El poder ejecutivo fue autorizado un día como hoy, el 20 de junio, hace 140 años, en 1884.
